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Boletín de prensa 5 de mayo de 2011
EL TIEMPO
JUEZ ORDENA INVESTIGAR A LAS EPS POR MILLONARIO DESFALCO DE LA SALUD
"Que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente", dijo.
"Esta no es la punta del iceberg, este es el último eslabón de la cadena. La Fiscalía tiene que investigar, y que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente".
Con esta afirmación, el juez 48 penal con funciones de garantías, Javier García, ordenó ayer que se investigue a las EPS que se habrían beneficiado con el pago de recobros en el escándalo del millonario fraude contra la salud.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento a los cinco capturados por los cobros irregulares de medicamentos y procedimientos médicos, el juez enfatizó que la Fiscalía no puede descuidar a los beneficiarios de los recobros que se quedaron con el 94 por ciento de los pagos.
"Aquí les tienen que meter la muela a las EPS, porque si es cierto que se presentaron pagos irregulares, ellos se quedaron con gran parte de lo pagado", añadió el funcionario judicial.
Ante la petición del juez, el fiscal 23, Mario Montes Giraldo, dijo: "Es cierto que aquí (en el proceso) hay gente muy importante, ellos robaron fue para otros". El investigador sostuvo que en el expediente hay cerca de 300 personas vinculadas al caso y que "llegaremos a quienes estaban detrás de esas prácticas ilegales".
El juez acogió parte de los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría para ordenar la detención a Claudia Patricia Rojas, Édgar Isaías Medina, Héctor Mauricio Durán, John Carlos Lamus y Luis Andrés Ruiz, a quienes les imputaron cargos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Para el juez, aunque es válido y legal asesorar a las EPS para los trámites de recobros, no está claro por qué en los correos los hoy detenidos hablaban de pagos de comisiones a varios de las cinco personas detenidas.
Igualmente, consideró que la función pública fue tergiversada y no hubo deber de lealtad de los funcionarios públicos. "Yo no cuestiono la legalidad de los contratos de asesoría de los acusados, pero cuando muta al pago de comisiones sí hay una conducta penal", agregó.
De igual forma, el juez aclaró que consultará con el Inpec el sitio adecuado para la reclusión de los detenidos.
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, CERCA DE CONVERTIRSE EN LEY
El proyecto fue aprobado en plenaria de la Cámara. Ahora va a conciliación.
La lucha contra la corrupción, una de las banderas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tiene desde este miércoles nuevas herramientas con las cuales vencer la batalla contra quienes defraudan al erario.
Tras casi un mes de sesiones, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio luz verde a todo el articulado del proyecto de ley que crea el estatuto anticorrupción, el cual cuenta con 156 nuevas normas divididas en ocho capítulos que abarcan medidas penales, disciplinarias y fiscales, entre otras.
A pesar de que más de 60 representantes a la Cámara pidieron no votar la iniciativa por considerar que tenían algún tema que los involucraba directa o indirectamente, la plenaria de la corporación les negó esa posibilidad, y le entregó al Estado un estatuto con muchos más dientes que los que existen actualmente.
Al final del debate, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, no escondió su satisfacción por la aprobación de las nuevas normas y les agradeció a los representantes que acompañaron al Ejecutivo en esta cruzada.
"Atendimos todos los llamados, de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, dotando a estas entidades de posibilidades enormes para acelerar los procesos para luchar contra la corrupción", dijo el Ministro.
Del proyecto aprobado se destaca la inhabilidad para la llamada 'puerta giratoria'. Esta práctica consiste en que quienes han sido servidores públicos, luego, desde el sector privado, conocen de temas en los que se desempeñaron antes. El impedimento para hacer esto quedó fijado, según el Ministro, en dos años.
Igualmente, se prohíbe totalmente que las empresas que hayan financiado campañas electorales, sean contratistas del Estado.
"Quienes quieran financiar una campaña política pueden hacerlo, pero quedan impedidos para contratar con la respectiva alcaldía, gobernación o sus entidades descentralizadas durante el periodo para el cual su candidato fue elegido. Se termina así lo que podíamos llamar la captación de las entidades públicas por parte de los contratistas", explicó Vargas.
El Procurador quedó facultado para revocar fallos disciplinarios durante los tres meses posteriores a su emisión. La votación de este artículo fue bastante apretada: 48 representantes votaron por el sí, y 46 por el no.
Otro de los temas que abarca el estatuto es la implementación de la oralidad en los procesos fiscales, es decir en las investigaciones que hace la Contraloría. Según lo aprobado, los procesos que realice el ente de control se acortarán, ya que se harán de forma más ágil y expedita.
Las penas para los delitos de corrupción privada también fueron aumentadas. Conductas como ofrecer o recibir dádivas a cambio de favorecer los intereses de alguien serán castigadas con penas entre los 5 y los 10 años de prisión; y multas que llegan hasta los 1.000 salarios mínimos dependiendo del delito.
En cuanto a los delitos con recursos de la salud, estos serán severamente castigados. El fraude y el agiotaje con medicamentos también tendrán cárcel de entre 5 y 10 y años y multas que irán de los 40 a los 1.000 salarios mínimos vigentes.
El proyecto pasará ahora a la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, y luego a sanción presidencial.
JUAN LOZANO PROPONE FÓRMULA INTERMEDIA PARA LEY DE VÍCTIMAS
También se refirió al debate entre Santos y Uribe sobre si hay en Colombia conflicto armado.
El presidente de 'la U' dijo tener una fórmula de entendimiento en la polémica generada entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Álvaro Uribe, respecto a si hay o no un conflicto armado en Colombia.
"Como este debate surge por la preocupación sobre los costos que se podrían derivar si se incluyen las víctimas de la delincuencia común en la ley de víctimas, considero que hay una fórmula sencilla, que consiste en poner en el texto: 'la presente ley no aplica a las víctimas de la delincuencia común'.
Según Lozano, esta es la salida más conveniente para "evitar que la ley sufra nuevos tropiezos".
UNA SENTENCIA
Por: FERNANDO LONDOñO HOYOS
La juez 51 penal circuito, María Cristina Trejos Salazar, es una persona activísima y que odia perder el tiempo. Sería por eso que, obligada a dictar sentencia respecto de un general de la República, Jesús Armando Arias Cabrales, por la supuesta desaparición de 11 personas después de la reconquista por el Ejército del Palacio de Justicia, se aplicó a otros temas colindantes, o como los llaman algunos juristas, atingentes. Pues esas atingencias fueron nada menos que la Historia Política de Colombia entre los años 70 y 80, que no le mereció un juicio leve. Ya veremos.
La juez concluye que los militares y los gobernantes de entonces se dedicaron a la violación sistemática, continuada y metódica de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Lo afirma y lo repite con singular audacia: "... puede colegirse que para las décadas de los 'setenta' y 'ochenta' eran frecuentes los seguimientos, las retenciones sin orden de autoridad competente, los interrogatorios ilegales e incluso las torturas físicas y psicológicas, métodos a los que recurrían miembros del Ejército para alcanzar determinados resultados, todo bajo el conocimiento y/o la aquiescencia de altos mandos militares y aun de gobernantes de la época" (página 125 de la providencia).
Así quedan ambientadas las tesis posteriores. Aunque el Gobierno sabía que se preparaba la toma del Palacio, nada hizo para prevenirla. Mejor que eso, lo dejó desamparado desde el 5 de noviembre y desamparados los magistrados y sus familias. No lo dice expresamente. Apenas sugiere que Betancur o el Ejército prepararon la trampa para que el ratón cayera.
Otro antecedente es importante. La juez delinea la tesis de que respecto al M-19 había "afán desmedido de las Fuerzas Armadas para propinarle por su cuenta golpes drásticos" (página 122 ibídem). Es una lástima, pero calla la juez cómo serían bien medidos los afanes de las fuerzas armadas para enfrentar la subversión armada. Nunca hay que exagerar, claro.
Pues lo cierto es que apenas tomado el Palacio, entró el Ejército con sus tanques "abriendo fuego en forma indiscriminada, con el asentimiento de los altos mandos estatales, que se negaron a negociar con el grupo armado, argumentando la necesidad de 'defender la democracia' y la seguridad de las instituciones...".
También echamos de menos la opinión de la juez sobre lo que significa en la táctica militar el uso "discriminado" del fuego. ¡Hubiera sido tan útil! Como también se guardó la noción de una fuerza moderada, para no caer en el exceso que también censura: "la utilización de una fuerza bélica de exorbitante proporción (sic), por lo que la operación resultó irracional, desmedida y extrema" sin que "la vida de los rehenes constituyera prioridad" (páginas 153 y 156). Los centenares de rescatados fueron pura casualidad, bien se ve que lo sostiene la doctora Trejos.
Sin tiempo que perder, la juez sostiene la tesis del Golpe de Estado transitorio: "la actuación del primero (el Presidente) a todas luces se ofrecía coaccionada o supeditada a las decisiones de los segundos (los militares), rematando con "el quimérico control absoluto del Mandatario" (página 151).
Eso fue lo que hizo imposible el diálogo que "nunca se intentó" (página 144), como sí se hizo en la toma de la Embajada de la República Dominicana, que duró 61 días y que salvó la vida de los diplomáticos y de los guerrilleros.
Ya se sabe, pues. Para la próxima, dialogar primero. Luego, no usar fuerza exorbitante y ser comedidos con el fuego. Con tantas garantías, ¿a cuántos no se les hará agua la boca para repetir la dosis? Pero falta mucho por ver.
EDITORIAL: DEL POS A LA PUS
El ministro Santa María, que parece haber tomado el toro por los cuernos, tiene la palabra.
Las señales de corrupción en el sector de la salud han sido tantas desde su misma creación, hace 18 años, que resulta increíble que, hasta ahora y de manera decidida, un gobierno en pleno convierta en una de sus políticas la difícil tarea de erradicarla.
Las capturas del lunes pasado son tibias consecuencias del enrevesado sistema en el que se cimienta el modelo que asegura la salud de los colombianos. Un modelo diseñado para que los recursos fluyan a través de interminables cadenas, que mezclan intermediarios públicos y privados en múltiples niveles, y a duras penas dejan entrever el objetivo primario de preservar este derecho de sus afiliados.
Casi 30 billones de pesos al año, con débil vigilancia y control y sin sistemas de información, cundido de normas ambiguas y permeado por intereses de toda índole, son un botín susceptible de saquear desde cualquier recodo, con una impunidad amparada, en algunos casos, por decisiones oficiales dictadas a la carrera.
Los recobros, por ejemplo, no hubieran pasado de 300.000 millones de pesos a 2,4 billones en 3 años si el plan de beneficios (POS) se hubiera actualizado, acorde con las necesidades de la gente y en armonía con los perfiles de enfermedad y muerte. Pero nada de esto se surtió a tiempo. El resultado fue el crecimiento de los servicios no POS, que quebraron la salud y se convirtieron en uno de los grandes focos de corrupción.
Si a lo anterior se agrega que el país no controla el precio de los medicamentos y que a los afiliados no se les niega nada, por cuenta de los comités técnico-científicos, que liberan a las EPS de pagar servicios que terminan asumidos por el Fosyga, el negocio para los terceros no puede ser mejor. Este fondo, que maneja todos los dineros de la salud, fue visitado, por el tema de los recobros, solo una vez por año del 2009 al 2010, por la Superintendencia Nacional del ramo, entidad encargada de vigilarlo.
Capítulo aparte merece el destino final de los dineros asignados a la población pobre, que en algunas regiones terminaron siendo la caja menor de políticos inescrupulosos y de grupos armados. Se calcula que las defraudaciones del régimen subsidiado por estas causas son de tal magnitud, que frente a ellas el vergonzoso caso de los recién descubiertos delitos en los recobros es mínimo.
Seis capturas de funcionarios y particulares de mediano nivel son un buen comienzo para la manifiesta decisión del presidente Santos de enfrentar la corrupción en este sector. De igual forma, vale la pena aplaudir la voluntad del ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, de no flaquear en tal propósito; pero la tarea será en vano si no van a la cárcel los peces gordos, que por años se han enriquecido a costillas del bienestar de los colombianos.
Es hora de reconocer que si bien el actual esquema ha permitido logros asistenciales, también urge asumir que un sistema como este tiene tres pilares ineludibles: los afiliados, las instituciones y personas que los atienden y un Estado que regule con equidad y suficiencia la relación entre los dos anteriores.
El sistema funciona y disminuye riesgos de corrupción si estos elementos esenciales se relacionan con pocos intermediarios a través de procesos sencillos, de fácil auditoría y vigilancia, hechas por una entidad con capacidad técnica y sancionatoria y autónoma para tomar decisiones.
Aquí cabe preguntar si la reciente reforma proporciona herramientas que hagan esto posible, o si es necesario pensar de nuevo en una estructura que por fin mejore la salud de los colombianos.
El ministro Santa María, que parece haber tomado el toro por los cuernos, tiene la palabra.
EL ESPECTADOR
CARRUSEL DE LA SALUD
Jefe de financiamiento de Minprotección se entregará por carrusel
Luisa Fernanda Bellini rendirá cuentas a la Fiscalía acerca de la defraudación de la salud.
Luisa Fernanda Bellini, coordinadora de Financiamiento del Ministerio de la Protección Social, podría convertirse desde este miércoles en la séptima de las capturadas por el millonario desfalco a la salud descubierto por las autoridades, luego de que decidiera entregarse a la Fiscalía.
Al parecer, está involucrada en la plataforma ilegal ideada por funcionarios de la cartera para levantar las prohibiciones de pago de medicamento y procedimientos cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, encargado de financiar las intervenciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
Según la investigación, los involucrados utilizaban la información contenida en tutelas negadas a los pacientes que requerían de ese tipo de atenciones extraordinarias para efectuar el recobro a favor de las EPS, en montos que les permitían pagar comisiones a empleados del Ministerio de las entidades de salud.
Aparentemente, se trataba de una sofisticada plataforma de corrupción que incluso requería de la capacitación previa de algunos de los intervinientes y que contaba con supuestas firmas de asesoría externa que servían de intermediarias en el recobro de los medicamentos.
Según el propio presidente Juan Manuel Santos, el 10 % de esta investigación devela la defraudación de al emnos 30.000 millones de pesos derivados de los aportes de pacientes y empresarios colombianos en materia de salud, que al parecer habría sufrido un billonario detrimento, en virtud de estas prácticas corruptas.
Tras la captura de los primeros seis implicados, la contralora General de la República, Sandra Morelly Rico señaló que ya estaban programadas otras 40 auditorías fiscales relacionadas con este escándalo de corrupción, que ponía al descubierto el por qué del persistente déficit del secor salud.
ORDENAN RECOMPONER LISTA DE ASPIRANTES A GERENTE EJECUTIVO DE LA JUSTICIA
La Corte Constitucional anuló la tutela que le daba vía libre a la elección del gerente ejecutivo.
La Corte Constitucional puso fin a la controversia jurídica que por más de un año rodeo la elección del gerente ejecutivo de la rama judicial, al dejar sin efectos la tutela que daba vía libre al inicio de las deliberaciones y ordenó recomponer la terna.
Así las cosas, la comisión interinstitucional de la rama judicial, que integran los presidentes de las altas cortes y la fiscal general de la nación, deberá elegir nuevamente al grupo de tres candidatos que se disputarán el cargo.
Una vez sea recompuesta la lista, será la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la encargada de nombrar al nuevo gerente ejecutivo en propiedad del poder judicial.
En mayo de 2010 la sala ya estaba definiendo al ocupante de la plaza entre de los nombres de Arnulfo Bolaños, Sandra Lizeth Ibarra y Andrés Arévalo Pacheco. Sin embargo, sucesivas acciones de tutela dieron al traste con este propósito.
Una de las acciones estaba encaminada a que se recompusiera la lista inicial en tanto que otra posterior, la revisada por la Corte, ponía en entredicho la nueva lista, aduciendo argumentos como la proximidad del cumplimiento de la edad de retiro forzoso de uno de los ternados.
La decisión final obligará a que la Comisión reelabore por tercera vez la elección del grupo de candidatos a partir del cual la Sala Administrativa seleccionará al nuevo gerente ejecutivo.
SUSPENSIÓN DE SAMUEL MORENO
Un sector del Polo, como antesala a la reunión de esta tarde, extendió ese llamado al excandidato presidencial.
No cesa el deseo de un sector del Polo Democrático Alternativo por buscar que Carlos Gaviria Díaz sea quien lidere la terna de la cual saldrá la persona que reemplazará temporalmente al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.
Aunque el exmagistrado ha dicho que no tiene interés en ser quien suceda a Moreno mientras se adelanta la investigación en su contra, hay quienes lo consideran la persona idónea para tal fin.
Un sector del partido ha llamado con insistencia al excandidato presidencial para que sea parte de la terna, mientras se espera el regreso de Moreno al cargo.
Los representantes Wilson Arias e Iván Cepeda han señalado a Gaviria como la persona que puede sacar adelante a la ciudad de la actual crisis institucional.
La tarde de este miércoles el PDA se reúne para definir la terna que presentará al presidente Juan Manuel Santos para que nombre a alguien del partido en ese remplazo.
Mientras ese partido no presente una terna al Jefe de Estado, seguirá al de la administración capitalina la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien se posesionó como alcaldesa (e) este miércoles en la mañana.
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
UNESCO incluye cuatro candidaturas de Latinoamérica a Patrimonio Mundial
"El Paisaje cultural del Café", en Colombia, está en la lista.
Cuatro sitios latinoamericanos, de México, Colombia, Nicaragua y Argentina, son candidatos a entrar este año en la Lista del Patrimonio Mundial de Bienes Culturales y Naturales Excepcionales, según anunció hoy la UNESCO.
Una selección de 42 sitios, situados en 40 países, entre ellos México, Colombia, Nicaragua, Argentina y España, optarán este año a entrar en esa lista de la UNESCO.
Por parte de Latinoamérica habrá cuatro, entre ellos "Los Altos Hornos de la Fundidora Monterrey, en México; "El Paisaje cultural del Café", en Colombia; y "La Catedral de León", en Nicaragua.
El cuarto viene de Argentina, dentro de la propuesta colectiva "la Obra arquitectónica de Le Corbusier, una contribución excepcional al Movimiento Moderno", encabezada por Francia y en la que también participan Bélgica, Alemania, Japón y Suiza.
Y de España habrá una única candidatura, "El Paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana" (Mallorca).
El Comité del Patrimonio Mundial, encargado de decidir qué propuestas de todas las admitidas a concurso entrarán definitivamente en la prestigiosa Lista, celebrará su próxima reunión entre el 19 y el 29 de junio, en París, precisó la UNESCO en un comunicado.
DESFALCO EN LA SALUD: CARRUSEL ANUNCIADO
El lunes fueron capturadas por la Dijín cinco personas vinculadas al Ministerio de la Protección Social, el Fosyga y una EPS, por irregularidades en los recobros del sistema de salud.
A su captura le siguió una pública presentación del presidente Juan Manuel Santos, la Fiscalía, la Contraloría y la Policía Nacional. Se anunció por televisión, como si de sorpresa se tratara, que el sistema estaba siendo estafado por distintos intereses. No obstante, sin ánimo de demeritar la importante labor de los organismos de control y de la unidad anticorrupción de la Policía, esto, que inesperadamente se descubre, era hace tiempo evidente. De la misma manera que es obvia la metáfora del discurso presidencial: “Se trata de la punta del iceberg”. Cinco capturados y una pérdida de $30.000 millones por corrupción es, claramente, sólo el comienzo. No obstante, aunque haya quienes pescaron en río revuelto —y, por tanto, deban comparecer, así sea tarde, ante la justicia— lo cierto es que la gran culpa no es solamente de los corruptos, sino, por duro que suene, también del Estado.
Más específicamente, es en la negligencia del Congreso y del Gobierno de por lo menos las últimas cuatro administraciones que se explica la crisis y desfalco del sistema. Los jueces, si bien es cierto que varias veces se han excedido autorizando tratamientos que no correspondían, estructuralmente no pueden solucionar el hecho de que el Plan Obligatorio de Salud (POS) tenga por lo menos 20 años de atraso. Atraso que significa que los listados de medicamentos y tratamientos cubiertos por el sistema —con todas sus especificaciones, incluido su precio— no son los que hoy la tecnología ofrece sino los que ofrecía hace décadas. De hecho, el panorama es más grave: el país nunca ha tenido un POS verdaderamente estructurado; lo que hay es una actualización, en términos de equiparación de medicamentos, de lo que históricamente ofreció el Seguro Social según sus registros. De ahí que, en medio de gran improvisación, se tuviese que instaurar un sistema no-POS para cubrir el atraso y estrechez del listado mientras éste se actualizaba, o mejor, se elaboraba propiamente por primera vez.
El funcionamiento del no-POS consistió en una especie de seguro de reemplazo pagada con recursos públicos. Así, si un tratamiento no estaba listado, se podía acceder a éste primero sólo por vía de la tutela y después también por los comités técnicos de las EPS. Tal acceso, en cualquiera de las dos vías, les representaba a las EPS un lucrativo negocio, pues los precios de los tratamientos no estaban determinados. Para complicar las cosas, ni las reglas fueron comprensivas ni se creó una institución para manejar los fondos. Tal será la falta de institucionalidad en la salud que para manejar el llamado Fosyga —el fondo de los recursos, ni más ni menos— no hay una fiducia, como debería ser el caso, sino una especie de cuenta fantasma, sin personería jurídica ni planta de personal propia, administrada por funcionarios varios del Ministerio de la Protección Social.
En semejante desorden era de esperarse que las EPS y los múltiples intermediarios comenzaran a infiltrar el sistema. ¿Cómo no iban a darse todo tipo de “peajes” y excesos si distintos funcionarios, sin reglas ni controles, son los encargados últimos de autorizar los recobros? Por fortuna, el POS actualizado será entregado por la CRES este 1° de diciembre. Algo que solucionará, en alguna medida, este problema. No obstante, sigue faltando una institucionalidad seria, que incluya una bien pensada infraestructura para manejar la salud. Al Gobierno, sin embargo, no se le ven intenciones de solucionar esta falla que, por lo demás, no es la única por la cual se está desangrando el sistema. Las capturas y los demás procesos que tras este episodio abrirán los entes de control son importantes en tanto hacen valer la justicia, pero estos delincuentes serán reemplazados por otros si el Gobierno no se mete a solucionar lo que otros dejaron a medias.
UN ENFERMO QUE MERECE CUIDADO
Por: Andrés Escobar
El funcionamiento del sistema de salud debe ser una de las principales preocupaciones del Estado en cualquier parte del mundo, no sólo por las profundas implicaciones que el tema tiene para el bienestar de la sociedad sino también por los cuantiosísimos recursos que un sistema de salud requiere para funcionar.
El país dio un salto fundamental cuando se aprobó la Ley 100 en 1993, al crear un nuevo sistema de salud que aspiraba, entre otras, a cubrir al 100% de los colombianos. Casi dos décadas después, la cobertura ha mejorado de manera sustancial y los recursos que mueve el sistema se han multiplicado hasta alcanzar cifras cercanas a los $28 billones anuales. Sin embargo, pese a todos los avances logrados, la salud en Colombia tiene múltiples fallas y enfrenta serios retos.
Algunos de ellos son la calidad de los servicios de salud (frente en el que los usuarios no perciben avances sino retrocesos con el paso del tiempo) al igual que el amplio camino por recorrer en temas de salud pública. Sin embargo, en dos frentes la acción estatal claramente no da espera.
Uno es la corrupción, que ha llegado a niveles que escandalizan en un país que difícilmente se ruboriza. Los hallazgos y las medidas tomadas por el Gobierno y los organismos de control en estos días deben aplaudirse, pues muestran renovados esfuerzos para enfrentar un cáncer que carcome la sociedad colombiana. Sin embargo, queda mucho por hacer, como fortalecer una muy débil Superintendencia de Salud y mejorar los sistemas de información para limitar la discrecionalidad de funcionarios y hacer cruces que eviten abusos.
La labor interinstitucional de todo el Estado debe continuar, pues lo que falta por destapar escandalizará aún más.
El segundo gran reto es entender mejor para dónde van las finanzas del sistema. Si la experiencia internacional sirve de referencia, los 28 billones se volverán 35, luego 40 y más tarde 50. Pero no sabemos bien cuándo, porque la información es aún deficiente.
En otras palabras, como país no sabemos bien si el tren actual de gastos en el que está montado el sistema de salud es sostenible.
EL VALOR DE LA OPOSICIÓN
Por: Rodolfo Arango
No sorprende que el procurador se le haya adelantado al senador Robledo.
Lo que el martes por la tarde prometía ser el gran debate al Gobierno en el Congreso por el desfalco monumental a la salud de todos los colombianos, fue neutralizado en horas de la mañana por el jefe del Ministerio Público al suspender por “omisiones dolosas” al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. El sentido de oportunidad del procurador es proverbial. Los titulares de prensa del día después resaltaron la suspensión del alcalde y minimizaron el megaescándalo en el sistema de salud. El mismo presidente Santos ya se había adelantado al impacto del debate anunciado por el Polo cuando, con bombos y platillos, en presencia de la fiscal, la contralora, el ministro de Salud y el director de la Policía Nacional, anunció del desangre en billones de pesos del sistema de salud y la captura de funcionarios medios corruptos.
Sin lugar a dudas el Polo cometió un error político al no desmarcarse a tiempo de un alcalde ineficiente y cuestionado que ha gobernado en coalición con todos los sectores políticos (el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador) en el Distrito. Pero una cosa es la responsabilidad política por la cual el Polo es castigado justamente ahora y otra cosa es la responsabilidad jurídica del alcalde, que ciertamente no está establecida y debe ser la conclusión de un proceso legal en el que se respeten los principios de presunción de inocencia, de defensa y debido proceso.
El senador Robledo se ha anotado un triunfo y el país debe estarle agradecido por la seriedad de sus investigaciones. El control del poder es una función a cargo del partido perdedor en las elecciones. La oposición política es fundamental para la democracia y la buena marcha de los asuntos públicos. Sin el disenso y la crítica al ejercicio del poder no sería posible la alternancia de diversos grupos en el gobierno. De la mano de la prensa independiente e investigativa, la oposición, si cumple bien su tarea, fortalece la institucionalidad democrática y nos posibilita aprender de los errores.
La seriedad del debate sobre la salud contrasta con la debilidad de los cargos hechos al suspendido alcalde Moreno. Los méritos de la oposición son opacados por el sensacionalismo, el moralismo y la politización. Para tener clara la desproporción entre ambas actuaciones, basta imaginarse al senador Robledo como ministro de Salud y al procurador Ordóñez como alcalde de Bogotá. ¿Cuál de los dos sería más confiable en el desempeño de su cargo a la luz de la seriedad de sus investigaciones?
Puede que el procurador sepa algo sobre los Nule y su relación con el alcalde que nosotros no sabemos. Pero nada de esas pruebas aparecen en el proceso disciplinario. Por el contrario, todos conocemos que en cinco meses tendremos elecciones para reemplazar al titular del segundo cargo más importante del país y que el Polo es una piedra en el zapato del santismo-uribismo. Esto ante una opinión pública que no aprecia suficientemente la importancia del esquema gobierno y partidos de oposición. De hecho, si hubiera habido una fiscalización seria a la administración Moreno por parte de los partidos vencidos en las elecciones distritales, y no se hubieran amangualado para recibir su tajada de poder burocrático, otro sería el cantar en Bogotá.
ACABAR LO INDESTRUCTIBLE
Por: Ernesto Yamhure
La misión: llenar de pánico a LA opinión pública con cifras fantasiosas. El objetivo: mostrar al gobierno anterior como el responsable de robos multimillonarios, cuando no billonarios.
Faltaba ese elemento para redondear la trapisonda contra los funcionarios del expresidente Uribe. Muchos falsos antiuribistas, esos que hoy posan de críticos del régimen pasado, pero que en su momento gozaron de las mieles del poder, ocupando pomposos y remuneradísimos cargos, son eximios constructores del desprestigio.
La gran falacia, la mentira cruel: durante ocho años, al frente de los ministerios más importantes se nombró a una caterva de hampones que se enriquecieron fabulosamente, adjudicando licitaciones a dedo.
Se ha dicho que los tecnócratas del Ministerio de Agricultura hoy detenidos facilitaron el robo de cientos de miles de millones de pesos, sin la existencia de prueba alguna. Pero aquello no importa. Las evidencias fueron reemplazadas por los rumores y las consejas.
Como si aquello no fuera suficiente, ahora aparece la madre de todos los escándalos: el desfalco a la salud. Háblase de 4,9 billones de pesos supuestamente expoliados. ¿De dónde salió esa cifra? Nadie lo sabe. Un serio funcionario de la Casa de Nariño me aseguró que el Gobierno nunca ha mencionado ese monto. Entonces ¿estamos frente a un caso de inventiva periodística?
Independientemente de la génesis, el mito ya está creado: se embolsillaron la colosal fortuna de casi 5 billones de pesos.
Miremos el caso con una dosis de serenidad. En 2007 la Corte Constitucional emitió un fallo de tutela que abrió un monumental boquete que desbordó las capacidades reales del sistema. A través de la T-760, la guardiana de la pintoresca constitución de 1991 aplastó el Plan Obligatorio de Salud. A partir del fallo de la constitucional, el sistema tiene que costear cirugías y tratamientos que no son vitales.
Todo en aras de satisfacer los diabólicos alcances de la Constitución de 1991 arrojando unas consecuencias que el país no alcanza a dimensionar. El sistema de salud colapsará en cualquier momento.
Resulta indispensable revisar algunas cifras. Los recobros ascendieron a 4,9 billones de pesos. De ese dinero, 4,6 billones se tramitaron a través del Fosyga.
El Fosyga, fondo que está adscrito al Ministerio de Protección Social, funciona de la siguiente manera. La administración corre por cuenta de las fiduciarias, fundamentalmente por la Fiduciaria Bancolombia, cuyo presidente es el señor Fuad Velasco Juri. Antes de hacer un desembolso, las cuentas son revisadas por dos firmas auditoras.
Así pues, las facturas presentadas por las EPS tienen suficientes filtros y son pagadas por las más importantes fiduciarias del país que, según le dijo el general Naranjo a La hora de la verdad, también son objeto de investigación.
Al margen de la magnitud del escándalo, que fue oportunamente denunciado por Diego Palacio Betancourt, ha quedado en el ambiente que el anterior ministro de Protección Social es el responsable del escándalo. No faltan los canallas que insinúan que él, un hombre honesto, trabajador y vertical, metió sus manos en el desfalco que se investiga.
Que el derecho se vaya al traste. A los altos funcionarios del gobierno de Uribe se les derogó la presunción de inocencia, invirtiéndoles la carga de la prueba. Un sector minoritario de la sociedad, coadyuvado por unos pocos medios de comunicación movidos por el más feroz de los odios, tiene la obsesión de acabar con el uribismo, olvidando que esta corriente cuenta con el respaldo de la mayoría popular, realidad que la hace indestructible.
IDENTIFIQUE LOS SAQUEADORES DEL ERARIO PÚBLICO
Por: Uriel Ortiz Soto
No nos escandalicemos con lo que ocurre en Bogotá: El alcalde Suspendido; el Contralor destituido y en la cárcel; el Personero enredado; un concejo que legisla sobre conveniencias personales; una clase dirigente inmune, indiferente y despótica a todo lo que está pasando que arrea a más de nueve millones de ciudadanos como si fuesen borregos, a las corralejas de las próximas elecciones sin ningún programa de gobierno que nos saque de semejante atolladero, y con el espejismo de que todo se arregla, porque aquí no pasa nada.
A nivel nacional están sucediendo cosas peores, lo que acaba de descubrirse en el Ministerio de la Protección Social, se veía venir desde hace varios años, en los mentideros políticos y reuniones sociales era voz populi la mafia interna y externa que estaba desangrando la entidad rectora de la salud de los, Colombianos, lamentablemente este vergonzoso episodio es apenas uno más del inmenso lodazal de corrupción en que nos encontramos navegando, todos los tentáculos se tejen desde la empresa pública y privada.
Es doloroso tener que decirlo, pero, si se quiere acabar con la corrupción, hay que empezar por depurar desde la cúpula del poder tantos abusos que se cometen con saqueos, componendas, contratos amañados, peculados y todo tipo de chanchullos; sueldos y pensiones estrafalarias de mandos medios y altos funcionarios; de la Rama judicial y legislativo, llámense Congresistas, Magistrados de las Altas Cortes, ministros, viceministros, gerentes de institutos descentralizados y un sinnúmero de personajillos de la vida nacional, que sin ninguna preparación o nivel académico han logrado colarse en la nómina de servidores públicos para obtener sueldos y pensiones hasta de veinte y treinta millones de pesos. Muchos de los funcionarios que pretenden dictar cátedras de moral, están sentados en la bitácora de sus propios excrementos de corrupción. No tienen ninguna compasión por la situación de descomposición social que se vive en todos los órdenes de la vida nacional. Como empleados públicos, se pasan las veinticuatro horas del día preparando entuertos jurídicos y coartadas, con el fin de inventarse leguleyadas para demandar al Estado y procurarse salarios o pensiones tramposas que no corresponden al cúmulo de sus antecedentes laborales y aportes pensiónales.
Valdría la pena que en el Estatuto Anticorrupción,- si es que no se corrompe en su trámite legislativo-, se contemplara la organización de un escuadrón de búsqueda y comprobación de estos casos abusivos, con la absoluta seguridad que se destaparán miles de ollas podridas en todas las dependencias del Estado, pero muy especialmente: en el Fondo de Pensiones del Congreso de la República, la difunta Caja Nacional de Previsión y el Instituto de los Seguros Sociales; estas dos últimas fueron liquidadas porque no soportaron tanto atraco por parte de cientos de servidores públicos que mediante argucias y maniobras engañosas obtuvieron pensiones fraudulentas que las hicieron fracasar en sus sanos propósitos. Pero, lo más grave, con la complicidad de Jueces de la República incluyendo Magistrados corruptos, que sin ningún pudor y vergüenza se prestaron para todo tipo de maniobras, concediendo tutelas engañosas y aprobando liquidaciones fraudulentas.
Qué decir de otros fondos de pensiones de menor escala cuyos escándalos no se sienten, no por la poca monta de sus saqueos, sino porque son instituciones con limitada jurisdicción y mando a donde casi no llega la acción de los organismos de control, pero que si empiezan a ser investigadas se descubrirá toda una caja de pandora y casi todas, no resistirán las visitas de los organismos de control y amanecerán navegando en los vaivenes de su propia desgracia. Si nos vamos a las cajas de previsión social de los departamentos y municipios, encontraremos todo un acervo probatorio y nos damos cuenta de la gran cantidad de pensiones fraudulentas que se han concedido mediante la expedición de certificaciones laborales falsas y mentirosas que no corresponden a la realidad de ninguna prestación de servicio.
Otra forma de saquear colectivamente al Estado, es mediante el sistema de nóminas paralelas, son las que se crean a expensas de un organismo oficial, para contratar personal supernumerario que no son necesarios dentro de la Institución, pero que el agente nominador se ha comprometido con su cacique político a sostenerle determinado número de personas, que devengan salarios y prestaciones sociales, sin tener asignada función alguna dentro de la entidad. La mayor parte de estos “funcionarios” acuden a la Institución los días de quincena para recibir los pagos. Se caracterizan por ser mal hablados, corbatudos, patanes y prepotentes.
Por último, que bueno fuera, si se lograra desenmascarar la mafia de las pensiones en las entidades oficiales y cajas de previsión, existen casos tan críticos de personas pensionadas, sin jamás haber prestado un solo día de servicio al Estado. Lo más grave, con mesadas millonarias. Donde esto se logre desenmascarar será de infarto el escándalo, por la complicidad de grandes personajes de la vida nacional comprometidos en estos ilícitos.
No obstante el océano de podredumbre en que vivimos, a lo lejos se divisan tres hermosas y fuertes espigas que se ven crecer en medio del fango: La Procuraduría, La Fiscalía y La Contraloría. Nuestros tres organismos de control se están ganando la admiración y el respeto de todos los ciudadanos de bien. Quiera Dios que logren llegar al final del túnel, para que nuestro Estado de Derecho, empiece a brillar como tal, y nuestro País a encausarse por los auténticos senderos de la Democracia, puesto que por ahora estamos secuestrados y encañonados por la corrupción.
BALBOA Y LA CONSULTA PREVIA
Por: Gustavo Gallón
Entre las poblaciones indígenas que atacó Vasco Núñez de Balboa en su conquista del Darién se destaca la de Abibeyba, que vivía en las copas de los árboles para protegerse de la humedad, de las fieras y de tribus rivales.
Derribando los árboles que les servían de vivienda, Balboa sometió a quienes no perecieron en el ataque. Tal parece que el espíritu exterminador de Balboa sobreviviera en algunas autoridades empeñadas aún hoy en arrasar los territorios de la comunidad Emberá-Katío en los resguardos de Chidima y Pescadito, en Acandí (Chocó).
Promotores de la carretera panamericana pretenden conectar los municipios de Acandí y Unguía construyendo cuatro kilómetros donde viven aproximadamente 125 indígenas, en dos resguardos separados. Desde 2007 la Defensoría del Pueblo advirtió “que el trazo de la carretera pasa por la mitad de ambos Resguardos y, específicamente, por los lugares donde están asentadas las viviendas de las comunidades”. La Corte Constitucional acaba de declarar que ello violaría sus derechos, por lo cual ordenó la suspensión de las obras y la realización de consulta previa con la comunidad por parte del Ministerio del Interior, conforme al Convenio 169 de la OIT, para estudiar once alternativas que existen a la vía (sent. T-129/11).
El Tribunal Superior de Quibdó había negado en primera instancia la tutela porque, a su juicio, “los intereses generales y la convivencia de las luces de progreso que (…) se abrirían con la unión de este corredor vial (…) es mayor que aquel importante pero escaso número de alrededor de 150 integrantes de los resguardos”. En el fallo de segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema concluyó que había “ausencia de demostración de quebrantamiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados”. Igual debió pensar Balboa al derribar los árboles de Abibeyba.
Quizás Balboa tuvo un atenuante, pues él no conoció el informe de la Defensoría, ni tampoco el pronunciamiento de la Comisión de Expertos de la OIT que en marzo de 2009 recomendó expresamente al Gobierno colombiano “que garantice plenamente la posesión y propiedad” de estos pueblos y “que suspenda las actividades derivadas de concesiones de exploración otorgadas y/o proyectos de infraestructura” mientras no se surta la consulta previa.
Las concesiones de exploración que menciona la OIT se refieren a actividades mineras realizadas también en territorio Emberá. Por ello, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de toda actividad minera legal o ilegal en los resguardos en tanto no se surta la consulta previa. Igualmente, y para hacer frente a la colonización ilegal que los está afectando, ordenó al Incoder que en 120 días determine si hay lugar al englobe o ampliación de los resguardos.
Si Balboa hubiera estado obligado a acatar el informe de la Defensoría del Pueblo o las recomendaciones de la OIT, o hubiera realizado consulta previa con los ciudadanos de Abibeyba, ellos continuarían viviendo en las copas de los árboles a salvo del invierno, de las fieras y de los invasores, sin necesidad de valiosas tutelas como esta.
EL NUEVO SIGLO
ALUD DE DEMANDAS CONTRA LEY QUE MODIFICA ACCIONES DE GRUPO
Exponen que la disminución de los recursos del Fondo para la Defensa de los Derechos Intereses Colectivos riñe con el principio de solidaridad.
La norma que modifica las acciones de grupo, derogando el monto de los incentivos para los que interponen la acción, y que causó gran controversia durante su trámite en el Congreso en la primera mitad de esta legislatura, enfrenta ahora una batalla judicial por cuenta de una decena de demandas que le piden a la Corte Constitucional que la declare inexequible.
La Ley 1425 del año pasado fue impulsada por el Gobierno con el ánimo de acabar con lo que denominó carteles de abogados dedicados a impulsar estas acciones de grupos para quedarse con los incentivos, contemplados en la ley modificada.
De hecho, dentro de la exposición de motivos del proyecto dice: “El loable interés del legislador de premiar a los ciudadanos responsables que defiendan los intereses colectivos, ha perdido en la actualidad su razón de ser, toda vez que se ha convertido en un negocio de unos cuantos, que se han dedicado a viajar a lo largo y ancho del territorio nacional presentando acciones populares, buscando unos reconocimientos desmedidos en detrimento del erario público y especialmente de los entes territoriales”.
La Ley 1425 deroga los siguientes artículos de la Ley 472 de 1998 (acciones de grupo):
Artículo 39: El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez y 150 salarios mínimos mensuales.
Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.
Artículo 40: En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el 15% del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.
Según los demandantes, los recursos del Fondo para la Defensa de los Derechos Intereses Colectivos riñe con el principio de solidaridad al desestimular la interposición de tales acciones, desconoce el principio de progresividad, afecta los derechos a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la participación ciudadana y al control de la función pública, al debido proceso, y vulnera los principios de buena fe y de cosa juzgada constitucional, por cuanto la disposiciones de la Ley 472 de 1998 derogadas fueron declaradas exequibles por la Corte.
Sin embargo, la Procuraduría le pidió al alto Tribunal declararse inhibido para conocer la demanda, al considerar que los actores cometen el error de sustentar sus argumentos bajo el entendido de que los incentivos van a ser eliminados.
Según el Ministerio Público, sólo se derogan los montos pecuniarios, pero no los incentivos como tal. En la explicación, el órgano de control cita el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que no fue derogado por la norma 1425 del 2010, en cuyo texto dice: “Al término del incidente se adicionará la sentencia con la determinación de la correspondiente condena incyéndose la del incentivo adicional en favor del actor”.
Para la Procuraduría, “los jueces en sus condenas o en la adición a las mismas, deben fijar de manera ponderada y razonable dichos incentivos. Pensar que eliminar los parámetros para fijar la cuantía del incentivo equivale a eliminar el incentivo, como lo hace el actor, es incurrir en un razonamiento incorrecto. La discusión sobre la cuantía de algo, no es una discusión sobre su existencia, pues ésta es una condición indispensable para que la primera sea posible”.
Finalmente, el Ministerio Público expone que “si bien es razonable fijar unos parámetros para determinar la cuantía de los incentivos en las acciones populares, no es menos razonable dejar en manos del juez, como lo hace la Ley 1425 de 2010 al derogar dichos los parámetros existentes, la tarea de fijar de manera ponderada y juiciosa, y sobre la base de un adecuado acervo probatorio, dicha cuantía”.
UN ‘ROSARIO’ DE ESCÁNDALOS HEREDADOS
La opinión pública se ve avasallada por la racha de casos de anomalías administrativas, yerros de gestión y presunta corrupción que, ocurridos en el anterior Gobierno, se han destapado, arrancado su judicialización o terminado la misma desde agosto hasta hoy.
MEGADESFALCO EN SALUD: esta semana el Gobierno y los entes de control y vigilancia pusieron al descubierto uno de los más grandes fraudes al sistema de aseguramiento en salud, mediante una red criminal que se especializó en el recobro ilícito al Fosyga de medicamentos y procedimientos médicos prestados por algunas EPS. El propio Santos dijo que el desfalco sería millonario. No pocos recordaron que las denuncias al respecto iniciaron en la anterior administración, pero sólo hasta ahora se tomaron decisiones de fondo.
DESORDEN EN ESTUPEFACIENTES: sin duda alguna uno de los más graves escándalos de corrupción puestos al descubierto por el actual Gobierno sobre hechos ocurridos en la era uribista. Tanto las graves anomalías en la administración de bienes incautados a los narcos como el clientelismo político en la escogencia de los depositarios, dieron paso no sólo a la decisión de acabar con esa entidad definitivamente sino a una investigación de amplio espectro en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, con siete congresistas y ex congresistas involucrados.
FONDELIBERTAD: quedó al descubierto que hubo irregularidades contractuales en la administración de este fondo-cuenta que maneja recursos destinados a apoyar la lucha contra el secuestro, en especial dotar a los grupos Gaula.
ANOMALÍAS CARCELARIAS: las anomalías que terminaron detectándose en materia de manejo de prisiones, que van desde la flexibilización del régimen penitenciario en el pabellón de los parapolíticos en La Picota, hasta el llamado escándalo del ‘Tolemaida resort’, llevaron al actual Gobierno a anunciar un ajuste de fondo del Inpec, incluso con reforma al Código respectivo. De nuevo las miradas acusadoras apuntaron al anterior mandato presidencial.
FRENO A TÍTULOS MINEROS: los accidentes trágicos en varios socavones y la revelación de la dimensión de la minería ilegal en el país, llevaron al Ejecutivo a frenar la expedición de nuevos títulos de explotación en todo el país. Se detectó que durante el mandato anterior hubo una explosión en el número de autorizaciones para buscar recursos naturales no renovables en el subsuelo, sin que mediaran estudios ambientales y mediciones de impacto.
DESMOVILIZACIONES FALSAS: en medio del debate sobre la amenaza creciente de las ‘bacrim’ y qué tanta culpa tuvieron en su surgimiento las falencias de los procesos de desarme en el cuatrienio anterior, quedaron al descubierto dos casos de presuntas falsas desmovilizaciones falsas de guerrilleros y paramilitares durante el anterior gobierno, al punto que el ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo terminó en la mira de pesquisas en la Fiscalía y la Procuraduría.
ANOMALÍAS EN TIERRAS: la nueva cúpula del Ministerio de Agricultura entró revisando todos los procesos de adjudicación de tierras por parte del Incoder, detectando una serie de casos en donde hubo procedimientos anómalos, incluyendo la entrega de miles de hectáreas durante el anterior gobierno a testaferros de narcotraficantes y paramilitares. Las pesquisas se extendieron también al papel cumplido por notarios y registradores.
ENTIERRO DE SEGUNDA AL AIS: tras el escándalo y judicialización de muchos de los implicados en las anomalías con la entrega de subsidios dentro del programa Agro Ingreso Seguro, el Ministerio de Agricultura decidió acabar con ese criticado sistema y dio paso al surgimiento de Desarrollo Rural con Equidad (DRE), que tiene una serie de mecanismos para focalizar las ayudas y evitar sus desvíos. Obviamente al uribismo no le gustó para nada ese cambio. En el entretanto, gran parte de la cúpula del Ministerio en tiempos de Arias y Fernández está hoy tras las rejas.
SALPICADOS POR CASO NULE: en el marco del escándalo por el carrusel de contratación que involucró al grupo Nule, se empezaron a escuchar señalamientos cada vez más serios al anterior Gobierno nacional, por los nexos de algunos ex altos funcionarios con los cuestionados y hoy presos empresarios. Hasta el secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, ha sido señalado. Incluso, la Corte Suprema de Justicia, en el marco del caso del preso senador Iván Moreno, pidió a la Fiscalía investigar al ex ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego.
LUPA A RUTA DEL SOL: sin duda una de las licitaciones viales más importantes de los últimos años, pues conectará al centro del país con la Costa Caribe. Ese proceso siempre estuvo en el ojo del huracán durante el anterior Gobierno y ha sonado mucho en los últimos meses por el involucramiento de empresas del grupo Nule. Ahora la Procuraduría le tiene el ojo echado a ese proceso y evalúa la posibilidad de investigar la actuación del ex ministro Gallego.
NARCOS ‘DESMOVILIZADOS’: Hace pocas semanas se conoció el testimonio del extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, quien dijo a la Corte Suprema de Justicia que pagó dineros a ex parlamentarios para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización paramilitar durante el gobierno Uribe, y que dio una fuerte suma de dinero para que le cuadraran una cita con el entonces comisionado Restrepo en la zona de ubicación de Ralito para tratar el mismo tema.
CHUZADAS, AIS, PARAPOLÍTICA, YIDISPOLÍTICA…: paralelo a todo lo anterior las investigaciones que venían ya en curso sobre todos estos escándalos entraron en la etapa de juicios, condenas y sanciones, que incluso se han llevado por delante a ex ministros como Sabas Pretelt (destituido por teodolindopolítica), al ex secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno (destituido por las chuzadas) y tienen en la mira a otros ex ministros como Andrés Felipe Arias, Andrés Fernández y Diego Palacio. También, entre muchos otros ex parlamentarios, fue condenado Mario Uribe y ahora tiene una nueva investigación. José Obdulio Gaviria también tiene pesquisas pendientes. Media cúpula del DAS terminó presa por el espionaje ilegal y Uribe es investigado por el mismo caso en la Cámara de Representantes.
REVISTA SEMANA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ PIDE QUE SE INVESTIGUE A LA COMISIÓN DE ACUSACIONES
La decisión se tomó ante el atraso de la Comisión al dar trámite a una demanda presentada por el abogado Luis Guillermo Pérez Casas, en la que solicitó ser reconocido como víctima en el proceso que por las 'chuzadas' se adelanta contra el expresidente Uribe.
El Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de tutela, pidió investigar disciplinariamente la dilación de la Comisión de Acusaciones en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, en el caso de las ‘chuzadas’. Para el abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez Casas, quien presentó el recurso, la decisión es satisfactoria.
Sin embargo, dice el abogado, el hecho de que Alfredo Bocanegra haya decidido declararse recusado y abandonar el proceso lo hace creer que se trata de una “maniobra”, que terminará paralizando la investigación.
“Al parecer nadie quiere asumir esta investigación”, dice Pérez, quien además asegura que la salida de Bocanegra es un efecto inmediato del fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, en el que se pidió que empiecen investigaciones necesarias con el propósito de determinar si los congresistas que conforman esta comisión han incurrido en algún tipo de incumplimiento al Código Único Disciplinario.
Aunque la decisión del Tribunal es clara, que se investigue o no a los miembros de la Comisión de Acusaciones es una decisión que sólo podrá ser tomada por la Procuraduría General de la Nación.
Pero lo que sí se debería dar pronto, en un término de mínimo tres días, es un pronunciamiento por parte de la Comisión sobre el reconocimiento como sujetos procesales del periodista Hollman Morris y su hermano Juan Pablo, así como del abogado Luis Guillermo Pérez, para quien la salida de Bocanegra de la Comisión podría hacer que mientras llega un nuevo investigador se dilate el plazo que determinó el operador jurídico.
Luis Guillermo Pérez señala que el seguimiento que se ha hecho desde el colectivo de abogados José Alvear Restrepo a la investigación que se adelanta en contra de Uribe, y que ponen en evidencia, según él, distintas irregularidades cometidas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, va a permitir más adelante llevar el caso a instancias internacionales.
La reciente decisión del Tribunal se conoce a tan solo unos días de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia resolviera la apelación presentada por la Comisión de Acusaciones, frente a la tutela interpuesta por el mismo colectivo de abogados, y que terminó obligando a hacer públicas las pruebas y deliberaciones que se generen en la investigación preliminar que se adelanta contra el expresidente.
RCN RADIO
ORDENAN RECOMPONER TERNA PARA ESCOGER GERENTE DE RAMA JUDICIAL
La Corte Constitucional ordenó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial recomponer la terna para la elección del gerente de la rama, cargo que se encuentra vacante hace año y medio.
Al resolver un fallo de tutela, el alto tribunal amparó los derechos de Juan Carlos Abuabara, quien conformó la lista de elegibles que aspiran al cargo, sin que ello signifique que el tutelante deba quedar en la terna, tras el nuevo proceso.
Abuabara hace parte de la lista que entregó el Consejo Superior de la Judicatura a los presidentes de las altas cortes, la Fiscal general de la Nación, un representante del Ministerio del Interior y de Justicia y un delegado de los trabajadores.
CORTE CONSTITUCIONAL AVALA TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO PARA ATENDER EL INVIERNO
La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 4629 que modificó las transferencias del sector eléctrico, para destinar recursos a la atención de los estragos ocasionados por la ola invernal.
“La norma está encaminada, de manera directa y específica, a conjurar las crisis (del invierno) e impedir la extensión de los efectos. La Corte determinó que las medidas legislativas son indispensables para alcanzar los fines que llevaron a la declaratoria de la emergencia por los rigores del fenómeno de La Niña”.
En la decisión de la Corte Constitucional, se define que “las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia supere los 10 mil kilovatios, transferirán el 6 por ciento de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética”.
“El 3 por ciento para las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, erán destinados a las obras y tienen como finalidad, contrarrestar o mitigar las situaciones de desastre nacional en los territorios de su jurisdicción”, precisa la Corte.
Dentro de las acciones que se pretende adelantar, están “obras y actividades para control de inundaciones, control de caudales, rectificación y manejo de cauces, control de erosión, regulación de causes y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelo, aguas y vegetación. Todas las obras se realizarán con la verificación de los Comités de Prevención y Atención de Emergencias”.
Igualmente, se destina el 3 por ciento de transferencias para los municipios y distritos localizados en las cuencas hidrográficas divididos en 1.5 por ciento para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse y el restante porcentaje para las localidades en donde se encuentra el embalse.
“Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en los proyectos y actividades de atención de emergencia o rehabilitación, como abastecimiento de agua potable, manejo de aguas, recolección y disposición de residuos sólidos por medios alternativos, reparaciones temporales, perforación de nuevos pozos”, señala la decisión.
Concluye la Corte que las alcaldías municipales adelantarán los procesos de contratación.
RECOBROS IRREGULARES AL FOSYGA ALCANZAN EL 25%, ADVIERTE SUPERSALUD
Una de cada cuatro solicitudes de reembolso presentadas por las EPS al Fosyga por servicios presentados a los usuarios son irregulares, según el Superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez.
El funcionario explicó que el 82% de los recobros corresponde a servicios autorizados por los Comités Técnico Científicos de las EPS, de los cuales el 20% son irregulares porque están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud.
En materia de recobros por la vía de fallos de tutela, que corresponden al 18% del total, la mitad de ellos son fraudulentos porque corresponden a servicios incluidos dentro del POS.
Según el Superintendente, al año las EPS tramitan ante el Fosyga cinco millones de recobros, por lo que las solicitudes de reembolso irregulares son del orden de un millón 250 mil radicados. En materia de investigaciones, Gómez Vélez reveló que la Superintendencia adelanta en tres de sus delegadas 326 investigaciones contra 22 de las EPS, la mayoría de las cuales obedecen a deficiencias en la prestación de los servicios a sus afiliados.
La empresa con más procesos es Humana Vivir, con 49 investigaciones; seguida de Saludcoop, con 43; Nueva Empresa Promotora de Salud, con 32; Solsalud, con 31; Saludvida, con 27; Coomeva y Cafesalud, con 24 cada una; y Compensar, con 23 investigaciones. En esta relación se destaca la EPS Salud Colpatria, que no tiene registrado ningún proceso administrativo.
Mientras tanto, las empresas promotoras de salud con menos investigaciones son Multimédicas Salud con Calidad y Red Salud Atención Humana, con dos investigaciones cada una.
El superintendente Gómez Vélez descartó que deban suspenderse o acabarse los recobros, porque la mayoría de ellos han sido fundamentales para que los afiliados accedan a servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
HOSPITALES PÚBLICOS DENUNCIAN QUE EPS SON INTERMEDIARIAS FINANCIERAS Y PIDEN SU ELIMINACIÓN
La red de corrupción en el sector de la salud develada por el Gobierno y los organismos de control, así como la intermediación financiera que ejercen las EPS se constituyen en las barreras para dificultar el suministro de servicios de salud a los colombianos.
La advertencia fue hecha por la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, ACESI, Olga Lucía Zuluaga, quien aprovechó la coyuntura para pedir la supresión de las EPS.
"Somos unos convencidos que si se pretende implementar un modelo de atención primaria, como lo dice la ley (1438 de 2011 de reforma a la salud), unas redes integrales de servicio, en el mundo entero donde la estrategia ha sido implementada, donde la Organización Panamericana de la Salud tiene unas muestras y unas pruebas exitosas, realmente no existen aseguradoras”, dijo Zuluaga Rodríguez.
Aseguró que entre la corrupción y la intermediación financiera EPS, los recursos que llegan a los usuarios son pocos, razones por las cuales los hospitales están sumidos en una crisis financiera.
“Según las propias cifras preliminares del Gobierno, a diciembre de 2010 esa cartera podría ser del orden de los dos billones de pesos, de acuerdo con la información que pudimos conocer. Y comparándola con las del corte del 31 de marzo ha habido un incremento”, dijo la dirigente gremial